Regimen de Venezuela confisca casa de asistente de María Corina Machado en Caracas
- 25/02/2026 15:57
La confiscación se produce en medio de una serie de denuncias de activistas y dirigentes opositores sobre apropiaciones forzosas de bienes, allanamientos y presiones.
La vivienda en la ciudad de Caracas de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado desde 2004 y miembro activa de Vente Venezuela, fue confiscada este miércoles 25 de febrero, en lo que ha sido calificado por sectores opositores como un acto de retaliación política por parte del régimen de Delcy Rodríguez.
Según familiares y allegados, la medida se da en medio de una escalada de acciones de presión y persecución contra figuras vinculadas a la dirigencia opositora, a pesar de las recientes señales de apertura política en el país tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero y la aprobación de la Ley de Amnistía.
Acosta ha sido blanco de amenazas e intimidación por parte de fuerzas de seguridad desde 2024, cuando fue emitida una orden de captura en su contra.
Debido a ese acoso, se vio obligada a abandonar Venezuela en septiembre de 2024, según fuentes de su entorno.
El 24 de marzo de 2025, seis meses después de haber salido del país, una camioneta sin placas con siete funcionarios —entre hombres y mujeres— ingresó forzosamente a la residencia.
Las personas que cuidaban la casa, incluida una acompañada de un menor de edad, fueron retenidas bajo interrogatorio durante ocho horas, relatan allegados.
Los efectivos se llevaron la llave del inmueble tras declarar la vivienda “asegurada” mediante un letrero colocado en la puerta.
Desde entonces, testigos señalan que funcionarios sin identificar han visitado la propiedad en distintas ocasiones e incluso han pernoctado en ella, siempre llegando y retirándose en vehículos sin identificación.
La confiscación se produce en medio de una serie de denuncias de activistas y dirigentes opositores sobre apropiaciones forzosas de bienes, allanamientos y presiones judiciales que, según críticos del gobierno, buscan silenciar a la disidencia y castigar a quienes no se ajustan a las líneas políticas del régimen.
Voceros de la oposición han rechazado estas acciones, catalogándolas como parte de un patrón de represión cuyo objetivo sería limitar la capacidad organizativa de líderes y colaboradores que no están bajo control oficialista.