Agentes encubiertos en Panamá: urge una investigación

La denuncia sobre el uso de agentes encubiertos por parte de la Policía Nacional ya salió del terreno de la controversia política. Ahora exige una respuesta institucional. Y esa respuesta le corresponde, sobre todo, al Ministerio Público. Sindicatos, organizaciones ambientales y grupos de derechos humanos han denunciado seguimiento, infiltraciones y operaciones de vigilancia sobre movimientos sociales y comunidades. La Policía, por su parte, reconoce el uso de agentes encubiertos, pero sostiene que actúa dentro de la ley. Entre ambas versiones hay una distancia que no puede resolverse con comunicados ni declaraciones cruzadas. Las acusaciones son graves y deben probarse. También sería irresponsable convertir cada operación encubierta en sinónimo de persecución política. El Estado dispone de herramientas legales para investigar delitos y combatir estructuras criminales. Pero precisamente porque esas herramientas son excepcionales, deben estar sometidas a controles estrictos. Por eso el Ministerio Público no puede permanecer como espectador. Debe investigar con rapidez, diligencia e independencia qué operaciones existieron, quién las autorizó, bajo qué expedientes se desarrollaron, qué delitos se investigaban y si se respetaron los límites legales y judiciales. Otros países han enfrentado debates similares. Reino Unido abrió una investigación pública sobre infiltraciones policiales en movimientos sociales. España ha reconocido la figura del agente encubierto, pero bajo control judicial cuando están comprometidos derechos fundamentales. Panamá necesita esa misma claridad. Si todo se hizo conforme a derecho, el país debe saberlo. Y si alguien cruzó la línea, también. El silencio y la inacción, en este caso, solo agranda la sospecha.