Asamblea, 120 años y la urgencia del cambio

La Asamblea Nacional cumple 120 años como una pieza clave de la democracia panameña, al menos en el papel. Es, pese a su limitada pluralidad política y representativa, el órgano más diverso de los tres poderes del Estado. Su historia registra momentos luminosos, como el rechazo a la imposición del Convenio Filós-Hines en 1947 por el gobierno de Enrique A. Jiménez, que pretendía prolongar las bases militares estadounidenses fuera de la Zona del Canal y que constituía una profunda afrenta a la soberanía. También ha sido el gran escenario de debates fundamentales para el país, como arquitecta de la institucionalidad vigente. Pero, al mismo tiempo, ha aprobado leyes nefastas para la población que hoy pesan sobre la gente. La Asamblea carga con un enorme desprestigio ciudadano y llega a este aniversario bajo severos cuestionamientos por su falta de transparencia, abuso de poder, burocracia onerosa y clientelismo institucionalizado. La pobreza del debate sobre las recientes reformas a la seguridad social y la genuflexión ante un Ejecutivo al que no hace contrapeso evidencian lo mal que opera el Legislativo. Lo peor es que es posible que, en este momento, la Asamblea carezca de capacidad para autorreformarse. El problema es que, si no se cortan y sanan sus partes podridas, terminarán por enfermar lo que queda de su cuerpo. El riesgo es normalizar al Legislativo como un simple órgano de trámites al servicio de quienes ven al Estado como una piñata para hacer negocios desde lo privado. La Asamblea necesita cambios y eso pasa por la Constitución. Pero estos deben surgir de un proceso democrático real, no de los designios interesados del Palacio de Las Garzas ni de un proyecto constituyente con tufo autoritario en el que no se puede descartar que se busque blindar los privilegios de unos pocos dentro y fuera del Palacio Justo Arosemena.