Asamblea, opacidad e institucionalidad

Es un hecho ampliamente reconocido que la Asamblea Nacional figura entre las instituciones peor valoradas por la ciudadanía. A esa percepción contribuyen una combinación persistente de ineficiencia estructural, falta de reformas de fondo y una larga secuencia de decepciones en las que los diputados —tanto de partidos tradicionales como independientes— han utilizado sus curules como correas de transmisión de intereses personales y de quienes financian su actividad política. En ese contexto de desgaste institucional se instaló la nueva junta directiva de la Asamblea, bajo el liderazgo del panameñista Jorge Herrera, con el respaldo de sectores de Cambio Democrático, MOCA y Vamos. Su llegada estuvo acompañada de promesas de renovación y discursos de cambio que, con el paso de los meses, no se han traducido en transformaciones reales. Por el contrario, las prácticas cuestionadas del pasado han vuelto a imponerse, desdibujando cualquier expectativa de ruptura con la vieja política. El ejemplo más evidente de esa continuidad es la persistente opacidad en torno a las planillas legislativas, históricamente utilizadas como botín político para el “matraqueo” y el intercambio de favores, tanto internos como con el Ejecutivo. A la fecha, la Asamblea no ha transparentado de manera íntegra sus planillas, recurriendo a un manejo confuso de cifras y sin ofrecer claridad sobre cuántas personas laboran realmente en el Legislativo ni cuáles son sus funciones concretas. La única vía para recuperar la credibilidad y fortalecer la institucionalidad de la Asamblea pasa por la transparencia y el trabajo serio, orientado a responder a las necesidades reales de la población. El país requiere un Legislativo crítico, independiente y capaz de ejercer un verdadero contrapeso frente a los demás poderes del Estado, especialmente en un contexto en el que la tentación autoritaria gana terreno. La paciencia ciudadana no es infinita.