Asamblea y las prioridades urgentes

Una vez más, la Asamblea Nacional vuelve a poner el foco donde no corresponde. En medio de una crisis nacional provocada por el terremoto del 9 de octubre, los diputados apuran el segundo debate de unas reformas electorales cuestionadas, como si esta fuera la prioridad de un país golpeado por la emergencia y urgido de respuestas. Es cierto que Panamá no puede paralizarse por una tragedia. Pero una cosa es garantizar la continuidad institucional y otra, muy distinta, aprovechar el contexto para impulsar cambios que despiertan serias dudas sobre sus verdaderas motivaciones y consecuencias democráticas, con diputados que legislan pensando en proteger sus feudos electorales. Gamonales aferrados al poder local, dispuestos a defender sus parcelas de influencia, aunque eso signifique abrirles la puerta a retrocesos democráticos. Mientras tanto, ¿dónde están las iniciativas legislativas para atender las consecuencias de la crisis? ¿Por qué no se priorizan las normas que permitan responder a las necesidades de la población? ¿Por qué siguen dilatándose los proyectos anticorrupción y la discusión de los problemas de fondo del presupuesto del Estado, que aún debe ser revisado por los diputados? El presupuesto, lejos de responder a las urgencias del país, recorta inversión social y compromete la capacidad del Estado para atender a quienes más lo necesitan. Y ante semejante escenario, la Asamblea vuelve a actuar como correa de transmisión del Gobierno, en lugar de ejercer su papel fiscalizador y representar los intereses ciudadanos. Panamá necesita diputados concentrados en resolver problemas, no en acomodar las reglas electorales a conveniencias particulares. Necesita responsabilidad, transparencia y prioridades claras, no maniobras políticas disfrazadas de reformas. La tragedia exige sensibilidad; la democracia, responsabilidad. Ninguna de las dos parece estar guiando las prioridades legislativas.