Bioetanol, propuesta con transparencia

El avance del proyecto de ley de bioetanol en la Asamblea abre un debate necesario, pero aún insuficiente. Más allá de las promesas de una eventual reducción en el precio del combustible, el país sigue sin respuestas claras sobre su verdadero impacto económico y social. Se habla de beneficios para el agro, generación de empleos y menor dependencia energética. Estas proyecciones conviven con preguntas legítimas: ¿quiénes serán realmente los beneficiados? Aunque la iniciativa prioriza la producción nacional, reconoce que las importaciones jugarán un papel inicial para cubrir la demanda . Ese punto, lejos de ser menor, exige reglas claras para evitar que el negocio termine concentrado en pocos actores. También preocupa la falta de estudios concluyentes sobre el impacto directo en el bolsillo del ciudadano. Ya hay sectores que advierten sobre un impacto mínimo en los costos para los consumidores , lo que contradice el discurso optimista que rodea la iniciativa. En tiempo convulsos de inflación y presión sobre el costo de vida, cualquier política energética debe sustentarse en evidencia sólida, no en estimaciones. El país necesita la verdad sobre la mesa: en los costos reales, en los incentivos, en la cadena de suministro y en los actores involucrados. Sin esa claridad, el riesgo es alto: que una ley concebida para dinamizar la economía rural termine favoreciendo importaciones o intereses particulares. Panamá no puede darse el lujo de improvisar en un tema tan sensible. Antes de avanzar, se debe garantizar que esta apuesta energética beneficie realmente a la mayoría y no a unos pocos.