¿Castigo o prevención?

¿Cuál es la política social del Estado panameño? La pregunta no es retórica. Las leyes de presupuesto de 2025 y 2026 de la administración de José Raúl Mulino revelan una contradicción difícil de justificar: mientras se proyecta un gasto de $300 millones para la construcción de tres nuevos penales, siete instituciones clave para el desarrollo humano enfrentan recortes que superan los $200 millones frente al último año de la gestión anterior. El mensaje presupuestario es claro y preocupante: no se privilegia la prevención. El ajuste fiscal no depuró las planillas abultadas ni atacó los excesos del funcionamiento estatal; en cambio, golpeó con fuerza la inversión pública, con reducciones de hasta 25%. Construir cárceles sin invertir en prevención es admitir el fracaso antes de intentar evitarlo. Es comprar barrotes en lugar de escuelas, muros en lugar de oportunidades, castigo en lugar de futuro. Panamá necesita seguridad, sí, pero ninguna sociedad se vuelve segura abandonando a los más vulnerables. El crimen organizado crece precisamente donde el Estado se retira. El país exige transparencia, prioridades claras y una inversión social contundente. Porque una nación no se mide por la cantidad de penales que inaugura, sino por la cantidad de vidas que logra rescatar antes de que sea demasiado tarde.