Coherencia, seguridad y justicia

El presidente José Raúl Mulino volvió a exigir mayor firmeza del Órgano Judicial y la Asamblea Nacional frente al crimen organizado. El reclamo no es menor: una medida domiciliaria concedida a un presunto líder de pandilla reavivó dudas sobre la coherencia institucional en la lucha contra el narcotráfico. La preocupación es legítima. Panamá enfrenta redes criminales cada vez más sofisticadas, y las decisiones judiciales deben enviar mensajes claros y consistentes. Sin embargo, trasladar estas tensiones al escenario público con acusaciones generales abre una línea delicada. No puede ignorarse que el Ejecutivo, la Asamblea y el Órgano Judicial tienen responsabilidades compartidas. Pedir “menos indulgencia” y leyes más fuertes es un llamado válido, pero convendría acompañarlo con propuestas concretas y evaluaciones técnicas sobre lo que está fallando: ¿sobran leyes, pero faltan recursos? ¿O falta coordinación real entre fiscalías, jueces y cuerpos de seguridad? El debate debe alejarse del protagonismo político y centrarse en diagnósticos serios. Cuando el gobierno afirma “estamos haciendo nuestra parte”, corresponde al país preguntar cuál es exactamente esa parte y cómo se mide su impacto. Del mismo modo, la Asamblea debe justificar sus prioridades legislativas y el Órgano Judicial explicar sus decisiones de cara a la ciudadanía. Panamá no necesita discursos de presión entre poderes. Necesita corresponsabilidad, transparencia y una estrategia común. Sin eso, cualquier reforma será un gesto aislado que no cambiará la realidad en los barrios donde el crimen organizado nunca toma vacaciones.