Conflicto de interés en el Estado

La delgada línea que separa al servidor público del empresario ha terminado por disolverse, dejando al descubierto una opacidad que socava la institucionalidad. El país ya presenció estas alarmantes superposiciones en el caso del ministro Felipe Chapman y el etanol. Hoy, el fantasma del conflicto de interés oscurece al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la segunda cartera con mayor presupuesto de inversión, responsable de $700 millones en fondos públicos. La rehabilitación vial hacia Santa Catalina, en Veraguas, expone una inaceptable puerta giratoria. Adjudicada por $10.6 millones a un consorcio del cual el actual ministro José Luis Andrade era socio, la obra es administrada hoy desde su propio despacho. Ignorando el mandato de la Ley 316, el titular firmó adendas con su antiguo aliado comercial, avalando un encarecimiento de $1.6 millones, e inspeccionó los trabajos sin declararse impedido. La red de amiguismo alcanza al diseñador del proyecto, quien, pese a que su empresa arrastra una morosidad de $126 mil con la Caja de Seguro Social, fue premiado con una dirección nacional en el ministerio. La libre empresa es vital para el desarrollo nacional, pero el erario jamás debe convertirse en botín corporativo mientras las comunidades vulnerables claman por infraestructura básica. Pedir a la prensa mes y medio para justificar estos actos constituye un atropello a la transparencia gubernamental. Es imperativo erradicar el manejo del Estado como una extensión de negocios privados. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir el conflicto de interés; es hora de que la Antai y demás organismos competentes ejerzan su rol fiscalizador con todo el rigor de la ley.