Crisis en la Unachi

Bajo el gastado escudo de la autonomía, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) asiste a un lamentable secuestro de su institucionalidad. La decisión de Etelvina Medianero de Bonagas de atrincherarse en la rectoría, avalada por un Consejo General a su medida tras amagar con una renuncia, no es una simple anécdota administrativa. Es el reflejo contundente de un sistema donde el poder se perpetúa a costa del futuro del país. El problema de fondo trasciende a una sola figura. Las serias irregularidades señaladas por la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la intervención de la Contraloría por la retención de descuentos salariales desnudan una gestión que castiga al eslabón más vulnerable: sus propios trabajadores. Jugar con la seguridad social y la estabilidad financiera de quienes sostienen la academia es un acto inaceptable que roza en la violación de derechos fundamentales. Un país que aspira al desarrollo y a la competitividad requiere de una empresa privada pujante, pero esta maquinaria solo puede nutrirse de profesionales formados en instituciones transparentes y de excelencia, no en feudos políticos opacos. La educación superior debe ser el faro cívico de Panamá, no un refugio para la mediocridad y la falta de rendición de cuentas. Frente a la complacencia burocrática, resuena la valentía de los estudiantes que protestan exigiendo decencia. A ellos hay que escucharlos. Exigir la sanidad de nuestras universidades públicas es defender el derecho a una educación digna. La autonomía jamás debe confundirse con impunidad.