Derechos que no admiten demora

El informe anual de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo vuelve a exponer una realidad que el país conoce, pero que insiste en postergar. Panamá ha acumulado avances normativos y compromisos institucionales, pero mantiene brechas profundas en la protección de poblaciones vulnerables y en el acceso efectivo a servicios esenciales. En ese panorama, la situación de las mujeres sigue siendo una de las deudas más graves del Estado. Los datos y advertencias contenidos en el informe confirman que la violencia contra la mujer continúa siendo alarmante. Femicidios, agresiones físicas y sexuales, atención tardía de las denuncias y el crecimiento de la violencia digital demuestran que la existencia de leyes no se traduce, necesariamente, en protección real. El problema no es la ausencia de marcos legales, sino su débil aplicación y la falta de respuestas oportunas y coordinadas. Panamá ha caído en una peligrosa rutina: legislar, anunciar programas y firmar compromisos, sin garantizar su ejecución. Cada denuncia que se dilata y cada víctima que queda sin atención refuerzan la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Los derechos humanos no se miden por la cantidad de normas aprobadas, sino por su impacto concreto en la vida de las personas. En este contexto, la discusión sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer o su transformación en un instituto adscrito al Mides resulta incompleta si no se aborda el punto central: el presupuesto y la capacidad operativa. La estructura institucional, por sí sola, no protege a nadie. Sin recursos suficientes, personal especializado y políticas claras, cualquier entidad corre el riesgo de convertirse en un cascarón burocrático. El informe plantea, con claridad, la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar asignaciones presupuestarias específicas. Esa exigencia no debería generar debate, sino acción. La protección de las mujeres no puede depender de voluntades temporales ni de ajustes administrativos. Más que un documento de diagnóstico, este informe es un recordatorio incómodo: mientras el Estado no cierre la brecha entre lo que promete y lo que cumple, la violencia seguirá siendo una amenaza diaria. Y cada demora tendrá un costo que el país no puede seguir aceptando.