Derechos solo en papel no bastan

Panamá es evaluado por cuarta vez en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un examen que no mide discursos, sino realidades: cómo tratamos a nuestras poblaciones más vulnerables, si nuestras instituciones cumplen sus mandatos y si el Estado protege o abandona. El informe nacional habla de avances y compromisos, pero las voces de la sociedad civil revelan otro país. Un país donde los derechos humanos siguen siendo más promesa que práctica; donde los presupuestos se recortan, las instituciones se debilitan y la dignidad se posterga. La Secretaría Nacional de Niñez, Infancia y Familia (Senniaf) opera con un 43 % menos de presupuesto que hace una década y cero fondos de inversión. La Secretaría Nacional de Políticas para los Afropanameños (Senadap) no tiene recursos para funcionar. El Ministerio de la Mujer fue degradado a instituto, mientras las cifras de violencia y femicidios crecen: solo en los primeros meses de 2025 se registran 12 femicidios y 15 muertes violentas de mujeres. Las personas LGBTIQ+ siguen esperando una ley antidiscriminación, el reconocimiento del matrimonio igualitario y una ley de identidad de género; y los adultos mayores, invisibilizados en los presupuestos y en las políticas públicas. Pero este déficit de derechos no es solo responsabilidad de este gobierno. Es una deuda histórica del Estado panameño, una herida que atraviesa administraciones, promesas incumplidas y décadas de indiferencia política. Cada gobierno ha heredado un país que firma tratados y discursos en Ginebra, pero que al volver a casa olvida convertirlos en leyes, presupuestos y acciones concretas. Los derechos humanos no se sostienen en declaraciones, sino en decisiones. Panamá no necesita más tratados ni más fotos diplomáticas. Necesita voluntad política, rendición de cuentas y empatía con quienes viven la exclusión todos los días.