El desafío de romper con la impunidad

La apertura de procesos judiciales contra exfuncionarios del gobierno pasado marca un punto de inflexión en la historia política de Panamá. Por primera vez en décadas, figuras del oficialismo enfrentan la posibilidad real de rendir cuentas ante los tribunales. Esto ocurre en un país habituado —y en ocasiones resignado— a ver cómo los escándalos de corrupción terminan en nada: sin juicios, sin condenas y, sobre todo, sin responsables. Y el foco no debería estar sólo en el anterior gobierno, hace falta mirar más atrás. La tradición de impunidad ha sido larga y dolorosa. Desde el regreso a la democracia en 1989, la corrupción ha recorrido cada administración sin encontrar un contrapeso institucional a la altura. Los casos se acumularon en titulares, investigaciones a medias y promesas rotas. El mensaje fue siempre el mismo: el poder blinda a quienes lo detentan. Hoy, los arrestos e imputaciones recientes despiertan esperanza, pero también dudas. La ciudadanía sabe que los procesos contra corruptos de cuello blanco suelen naufragar en un mar de recursos, tecnicismos y dilaciones. La justicia panameña carga con la desconfianza de una sociedad que ha visto demasiadas veces cómo se abre una causa con fanfarria, solo para cerrarse en silencio. El reto, entonces, es doble. Por un lado, que el Ministerio Público y los tribunales actúen con independencia, lejos de cálculos políticos o presiones externas. Por otro lado, que el país entienda que sin justicia imparcial no habrá democracia que resista. La corrupción no es un exceso menor: es la raíz de la desigualdad, del deterioro institucional y de la desafección ciudadana hacia la política.