El hambre no se recicla

Panamá desperdicia más de 350 toneladas de alimentos cada día, según el Banco de Alimentos. Es un país donde la abundancia convive con el hambre, mientras los supermercados desechan productos aún aptos para el consumo, más de 200 mil panameños no saben qué comerán mañana. La paradoja duele y retrata una desigualdad estructural que las estadísticas apenas alcanzan a disimular. El reciente debate del proyecto de ley No. 396, sobre la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos, llega como un intento tardío pero necesario. Su propósito es simple y urgente: rescatar los excedentes y dirigirlos hacia quienes más lo necesitan. Pero ninguna ley será suficiente si la conciencia social no acompaña. En las comarcas indígenas y zonas rurales, donde la desnutrición infantil alcanza niveles alarmantes —uno de cada seis niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica— el hambre no es una cifra: es una rutina. Las niñas que cruzan ríos para ir a la escuela, las madres que estiran el arroz hasta el día siguiente, los ancianos que esperan donaciones son los rostros invisibles de un país que presume crecimiento económico, pero olvida la dignidad básica. El cardenal José Luis Lacunza, al alzar su voz en el pleno legislativo, no habló de caridad, sino de justicia. “Vengo a darle voz a los que tienen hambre”, dijo. Su llamado no es moralista: es un recordatorio de que el desperdicio también es una forma de violencia. Reducir las pérdidas de alimentos no es solo una cuestión ambiental o económica. Es, sobre todo, un acto de humanidad. Porque mientras un solo panameño pase hambre, cada plato que se tira será una derrota colectiva.