El misterio presupuestario de la educación en Panamá

Panamá presume del PIB per cápitamás alto de América Latina, pero miles de sus estudiantes siguen aprendiendo bajo techos deteriorados, en instalaciones improvisadas o en espacios alquilados porque sus escuelas no reúnen las condiciones mínimas para educar. La paradoja es tan evidente como preocupante: mientras la ley establece que el país debe destinar el 7% de su Producto Interno Bruto a la educación, las cifras reales muestran una inversión muy por debajo de esa meta y, además, persiste una pregunta fundamental que nadie responde con claridad: ¿cuánto dinero tiene realmente disponible el Ministerio de Educación para atender las necesidades más urgentes del sistema? Los presupuestos anuncian miles de millones de dólares, pero la realidad de las aulas cuenta otra historia. El Meduca sostiene que trabaja con fondos asignados de manera gradual; el Ministerio de Economía y Finanzas reporta montos distintos y modificaciones presupuestarias sobre las que ni siquiera la propia cartera educativa parece tener información completa. Entre esas contradicciones quedan atrapados más de 10 mil estudiantes reubicados fuera de sus planteles y miles más que cada mañana asisten a escuelas que esperan reparaciones desde hace años. El problema ya no es únicamente la falta de recursos; es la falta de transparencia sobre ellos. Porque cuando un país no puede explicar con precisión dónde están los fondos destinados a educar a sus niños, corre el riesgo de convertir la educación en una promesa permanente y el futuro en una deuda que nunca termina de pagar.