El parentesco y el poder

El Estado no es una casa de familia ni una prolongación de los negocios privados de quienes llegan a administrarlo. Y, sin embargo, varios episodios recientes obligan a mirar con cuidado una frontera que debería ser nítida: la que separa los intereses particulares de las decisiones públicas. La renuncia de Sherina Latorraca a la Dirección de Asesoría Jurídica de Contrataciones Públicas volvió a colocar el tema sobre la mesa. Su madre preside el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y la Antai mantiene abierta una investigación por un posible conflicto de interés. En el Mitradel, además, se reconoció que un familiar de la ministra trabaja como asesor mediante un préstamo interinstitucional solicitado por ella. Pero la discusión no termina allí. En el MOP han surgido cuestionamientos por millonarios contratos adjudicados a una empresa que mantuvo vínculos comerciales previos con el entorno empresarial de quien hoy dirige la institución. En el Minsa, también se han puesto bajo escrutinio compras realizadas a una compañía que durante años estuvo vinculada empresarialmente con quien actualmente encabeza esa cartera. Cada caso tiene sus particularidades y sus explicaciones. Ninguno debe juzgarse por insinuaciones. Pero todos vuelven sobre la misma pregunta: ¿cuánta cercanía puede tolerar el Estado antes de comprometer su credibilidad? La ética pública no empieza donde termina el Código Penal. Exige distancia, prudencia y decisiones capaces de resistir el escrutinio sin malabarismos jurídicos. La confianza no se pierde de golpe. Se erosiona caso a caso, explicación tras explicación, hasta que lo excepcional comienza a parecer costumbre.