El peso de una etiqueta

Todo apunta a que hoy la Unión Europea confirmará lo que en los pasillos diplomáticos ya se da por hecho: Panamá permanecerá en la lista de jurisdicciones señaladas en materia fiscal. El veredicto parece anticipado. Y con él, se reactiva una pregunta incómoda pero inevitable: ¿hasta qué punto estas clasificaciones reflejan criterios estrictamente técnicos y no equilibrios de poder? Panamá carga, una vez más, con el peso de una etiqueta que trasciende lo simbólico. No es un asunto menor. La reputación de un país en la economía global incide directamente en la inversión, en el costo del financiamiento y en la confianza de los mercados. Sin embargo, reducir la discusión a un rótulo ignora una realidad más compleja. En los últimos años, el país ha impulsado reformas, fortalecido marcos regulatorios y sostenido compromisos internacionales que difícilmente encajan con la caricatura simplista del señalamiento. A la par, la actual diplomacia panameña ha sido activa, estratégica, persistente. Ha buscado interlocución, ha construido puentes y ha defendido avances en escenarios multilaterales donde no siempre prevalece la misma vara para todos. La percepción de un doble rasero —jurisdicciones poderosas sorteando cuestionamientos similares— no es una consigna retórica; es una inquietud compartida en múltiples regiones. La decisión que se formalice hoy no cerrará el debate. Por el contrario, lo profundiza. Panamá no rehúye la exigencia de transparencia ni la necesidad de ajustes continuos. Pero el sistema internacional también debe preguntarse si la credibilidad de sus mecanismos puede sostenerse cuando la equidad parece, con demasiada frecuencia, negociable.