El silencio de los $25 millones

La Asamblea Nacional enfrenta una contradicción difícil de explicar: mientras mantiene funcionarios eventuales con dos meses sin cobrar, solicita al Ministerio de Economía y Finanzas $25 millones adicionales para funcionamiento, sin que hasta ahora exista una explicación pública suficiente sobre el destino de esos recursos. La institución incorporó 456 funcionarios desde el 1 de julio y agotó los $136 millones previstos para funcionamiento. Ahora requiere una partida extraordinaria cuya justificación no ha sido detallada ni por la presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, ni por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez. Ese silencio resulta más grave porque el 5 de septiembre vence el plazo para que el traslado pueda quedar aprobado sin debate en la comisión. En otras palabras, $25 millones de fondos públicos podrían avanzar sin una discusión abierta sobre su destino. La planilla 2020 costaría, utilizada en su totalidad, alrededor de $1,4 millones mensuales. Aun así, funcionarios que trabajan acumulan dos meses sin cobrar. Y mientras la Asamblea evita dar explicaciones, la Contraloría tampoco ofrece hoy el nivel de detalle que antes permitía conocer quién estaba adscrito a cada diputado y bajo qué partida. La transparencia no consiste en invocarla cuando conviene. Se ejerce, sobre todo, cuando toca explicar cómo se administra el dinero público. Si la Asamblea necesita $25 millones adicionales, debe decir para qué, con qué sustento y bajo qué prioridades. El silencio, en este caso, no despeja dudas: las multiplica.