Emergencia sin politiquería

Una crisis humanitaria exige solidaridad y respuestas inmediatas, no cálculos electorales ni maniobras para obtener ventajas políticas. Los graves daños en el interior del país demandan acciones urgentes, pero la emergencia no puede justificar opacidad ni abusos en el manejo de los recursos públicos. Las ayudas deben distribuirse de manera institucional, directa y equitativa, sin intermediarios partidistas. En algunas zonas de Azuero, las comunidades todavía esperan desesperadas alimentos, agua potable, electricidad y atención médica. Ante esta realidad, resulta inaceptable que autoridades locales o funcionarios del Gobierno central se atrevan a utilizar la asistencia para ganar rédito político. Es cínico y repulsivo instrumentalizar la tragedia mientras familias permanecen sin servicios básicos. Los recursos destinados a los damnificados provienen de todos los panameños y deben responder exclusivamente a las necesidades de los afectados. Cualquier denuncia sobre el manejo de las ayudas debe investigarse con rigor, independientemente de quién resulte involucrado. La declaratoria de emergencia y la flexibilización de las contrataciones tampoco pueden convertirse en excusas para eludir controles. Cada gasto debe documentarse y fiscalizarse, más aún cuando esta administración ha carecido de verdadera rendición de cuentas. En medio de esta tragedia, la transparencia no es opcional y la solidaridad no puede tener color político