Estafas en Panamá

Entre 20 y 50 panameños pierden su dinero y su paz mental cada día a manos de estafadores. Con 2,279 casos reportados por el Ministerio Público en el primer cuatrimestre —un alza alarmante del 20%—, el país enfrenta una verdadera pandemia de extorsión. No es una estadística fría; es un ataque directo al patrimonio de la fuerza laboral y al pilar de confianza que sostiene a la empresa privada y nuestra economía. El crimen organizado, muchas veces operando desde la impunidad de los centros penitenciarios, ha sofisticado sus redes. Ya no solo pescan incautos a través de la sobreexposición en redes sociales; se nutren de la inaceptable fragilidad cibernética del Estado, aprovechando recientes ataques a bases de datos de instituciones como la Caja de Seguro Social. Lo más deleznable de este ilícito es la selección de sus víctimas. El blanco principal son los adultos mayores, desprotegidos ante la brecha digital y, en muchos casos, viviendo en soledad. Esta violencia financiera y psicológica contra las poblaciones más vulnerables exige una respuesta estatal implacable. No podemos tolerar que la tranquilidad de nuestras abuelas, madres y trabajadores sea secuestrada por el engaño. Proteger a la ciudadanía requiere una justicia ágil, pero también un esfuerzo conjunto. Mientras el Estado blinda nuestra información, urge adoptar una cultura de escepticismo radical: cuelgue, verifique directamente con su banco o consulte el Registro Público. Ante la sofisticación del fraude, la prevención informada es nuestra mejor defensa.