Estudiar con hambre

El desarrollo de un país se mide por cómo nutre el futuro de sus ciudadanos, no solo por la tecnología que acumula en sus aulas. En Panamá, la política pública ha creado una paradoja inaceptable: mientras el Ministerio de Educación (Meduca) proyecta licitaciones por $573 millones para la compra de laptops, el programa de almuerzos escolares recibe once veces menos presupuesto, dejando a 482,000 estudiantes en el abandono nutricional. Los datos del Banco Mundial y Unicef son una radiografía de nuestro fracaso sistémico. Hoy, uno de cada tres niños panameños vive en pobreza monetaria, y uno de cada seis sobrevive en pobreza extrema. Excluir al 62% del alumnado del sector oficial de una comida diaria, escudándose en una supuesta implementación “escalonada” que la propia ley de Estudiar Sin Hambre no estipula, es una afrenta directa a los derechos humanos de los más vulnerables. A la desnutrición en las zonas comarcales y rurales se suma la otra cara de la negligencia: una crisis donde el 42% de los escolares padece sobrepeso u obesidad, víctimas de entornos invadidos por alimentos ultraprocesados ante la falta de fiscalización estatal. Es moralmente indefendible priorizar compras multimillonarias en equipos tecnológicos cuando la canasta básica es un lujo inalcanzable para miles de familias. La educación exige innovación, sin duda, pero la dignidad exige sustento. Ningún estudiante puede encender una computadora cuando su estómago está vacío.