Gasto social y niñez

Las denuncias sobre abusos en los albergues bajo la jurisdicción de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) son una herida abierta ante la que el país miró hacia otro lado para evitar enfrentar una realidad brutal: el fracaso de los gobiernos posinvasión para establecer políticas eficaces que impidieran abusos recurrentes. No es un hecho aislado, sino la expresión de una visión estatal que no ha colocado la protección de la niñez como prioridad y que ilustra una miopía histórica sobre el gasto social. La Senniaf cuenta con apenas $8.4 millones, una cifra claramente insuficiente para atender la magnitud del problema y que limita las políticas que puede impulsar la entidad, lo que ha dado paso a la creación de albergues privados que, en 2022, se destapó que operaban como centros de abusos sistemáticos. Si bien esa falta de fondos no justifica la ineptitud y desidia de la dirección actual de la entidad, esta situación viene de años atrás; la precariedad no es solo presupuestaria, sino también política y administrativa. La orientación del Estado, solo hacia el cumplimiento de compromisos financieros, en detrimento del gasto social, agrava la situación de las entidades encargadas de atender las necesidades más urgentes. Esta lógica se traduce en debilidad institucional, acompañada de una marcada por la opacidad. Aunque el ministro de Economía asegura que existen recursos para los albergues, los hechos muestran contradicciones y falta de transparencia. Históricamente, la protección de la infancia ha oscilado entre la negligencia y la reacción tardía. La vulnerabilidad golpea con mayor fuerza a la niñez pobre, relegada frente a discursos triunfalistas sobre crecimiento económico. ¿De qué sirve hablar de “crecimiento” si no se garantiza la integridad y dignidad de la infancia? Este problema exige romper este patrón de abandono institucional.