Igualdad electoral

Las reformas electorales entran en su recta final con cambios que incluyen nuevas reglas que podrían influir en el resultado de cara a las elecciones de 2029. Entre ellas destaca la eliminación de la postulación por listas para la libre postulación y las consecuencias que esto implica en favor de las fuerzas políticas organizadas en partidos. Se trata de un cambio que parece hecho a la medida de las estructuras partidarias y que deja dudas sobre la igualdad de los procesos democráticos en el país. Sin embargo, esta es solo una arista de un problema más complejo, vinculado al propio régimen político panameño, donde las maquinarias de votos están dominadas por una cultura clientelista y, sobre todo, por el poder del dinero, que condiciona gran parte de la participación electoral y limita la competencia. Resulta absurdo que un país con poco más de cuatro millones de habitantes registre un gasto superior a 106 millones de dólares, cifra que supera la de otros países de la región con poblaciones y territorios similares, que gastan mucho menos que Panamá. A esto se suman los cuantiosos gastos de campaña de muchos candidatos -independientes y en partidos-, financiados principalmente con fondos privados, lo que genera una distorsión que atenta contra la democrática al crear desigualdad y permitir que solo un grupo minoritario con poder económico tenga una expresión electoral viable, cercenando la representatividad en las estructuras del Estado. Peor aún, esta situación abre la puerta a la posible entrada de fondos ilícitos provenientes de la corrupción, potencias extranjeras con intereses antinacionales o del crimen organizado. La discusión de estas reformas parece repetir el mismo ciclo: un tablero electoral sin condiciones equitativas para todos.