Inseguridad en la frontera

El crimen ocurrido en Jaqué no es un hecho aislado ni un simple episodio de violencia común. Es la expresión más cruda de una inseguridad que se ha ido normalizando en silencio y que hoy golpea con fuerza a las comunidades más vulnerables del país. Un asalto violento que terminó en muerte ha sacudido al Darién y ha encendido, una vez más, la alarma sobre la fragilidad del control estatal en la frontera. La indignación de los pobladores es comprensible. Pese a la presencia de unidades de seguridad, los delitos persisten. La preocupación mayor no es solo el crimen en sí, sino la posibilidad —demasiado frecuente— de que quede impune. Este escenario se agrava con un dato que no puede ignorarse: las autoridades han reconocido la presencia de organizaciones criminales transnacionales en el Darién. El Clan del Golfo y el Tren de Aragua no son nombres lejanos ni amenazas teóricas; son estructuras que operan en el mundo. Cuando estas redes se infiltran, la violencia deja de ser circunstancial y se convierte en sistema. La inseguridad no se resuelve con anuncios ni con despliegues simbólicos. Requiere inteligencia policial, control territorial real, coordinación entre instituciones y una política firme de protección a las comunidades fronterizas. El Estado debe estar presente no solo con armas, sino con justicia, servicios y autoridad legítima. Panamá no puede permitir que el Darién se convierta en tierra de nadie. Cada crimen sin respuesta fortalece al miedo y debilita la confianza ciudadana. Garantizar seguridad en el Darién no es una opción: es una obligación ineludible del Estado.