Inseguridad en Panamá

La estrategia de seguridad de la administración de José Raúl Mulino ha evolucionado del publicitado Panamá 3.0 al Plan Firmeza. Sin embargo, las calles panameñas siguen sangrando. Con un alarmante aumento del 110% en el decomiso de drogas —31 toneladas capturadas en apenas tres meses—, el éxito operativo ha desatado una fiera guerra territorial. Las bandas locales se fracturan y el resultado es trágico: el 76% de los homicidios en Panamá reportados este trimestre derivan del crimen organizado. La narcoviolencia amenaza con secuestrar la paz de los más vulnerables en zonas como Colón, San Miguelito y Panamá Este. Pero la fuerza pública no puede librar esta batalla en solitario. Genera profunda indignación que el sistema penal acusatorio actúe, en ocasiones, como una puerta giratoria. Que narcotraficantes capturados tras meses de inteligencia reciban medidas cautelares permisivas es una bofetada a una sociedad que clama por paz institucional. Esta impunidad judicial oxigena la inseguridad ciudadana. A su vez, el Estado no puede exigir orden sin dar el ejemplo. Una política de seguridad legítima exige depurar constantemente la fuerza pública de la corrupción interna y asegurar que el monopolio de la fuerza jamás derive en violaciones a los derechos humanos. Panamá requiere firmeza para frenar el narcotráfico, pero esa firmeza debe estar acompañada de tribunales implacables y una integridad institucional intachable.