La infancia no puede esperar

En Panamá, 1.071 niños, niñas y adolescentes viven actualmente en albergues. No están allí por elección ni por azar. Es porque han sido víctimas de abandono, maltrato, negligencia o porque nacieron en entornos marcados por la pobreza extrema y la exclusión. Muchos esperan durante años una llamada, una visita, una decisión judicial. Lo más alarmante es que el 80 % de estos menores tiene familia. No hablamos de niños huérfanos, sino de una política que ha hecho de la separación la salida más común frente a cualquier vulneración. La institucionalización se convirtió en la solución fácil, cuando debería ser la última alternativa. A esta dura realidad se suman más cifras que duelen: 24.636 niños y niñas no tienen registro de nacimiento, es decir, no existen oficialmente. Miles más viven sin agua potable, electricidad, escuela ni recolección de basura. Muchos ni siquiera tienen un techo digno. Estas condiciones, que afectan especialmente a las zonas rurales, son una forma de violencia estructural que el país aún no enfrenta con la urgencia necesaria. Mientras el sistema no priorice la prevención, el fortalecimiento de la familia y el respeto al derecho de cada niño a crecer en un entorno familiar, estaremos respondiendo tarde, cuando el daño ya está hecho. La niñez no puede seguir siendo una deuda pendiente. Cada niño que espera en un albergue, sin nombre, sin escuela o sin familia, es una llamada de atención al Estado y a toda la sociedad. La infancia no puede esperar más.