La obligación de aclarar

La sesión extraordinaria convocada por la Senniaf, a raíz de las denuncias en el Centro de Atención Integral de Tocumen, no puede quedar reducida a un mero gesto reactivo. La gravedad de los hechos exige una respuesta elemental en cualquier Estado de derecho: el esclarecimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades y la transparencia absoluta. Bajo la custodia estatal de niños y adolescentes, la opacidad no solo es inaceptable, es una vulneración de derechos. Estas denuncias, lejos de ser aisladas, representan la culminación de una crisis advertida. Desde 2021 se han acumulado alertas sobre las condiciones críticas en los centros de protección: infraestructuras en ruinas, ausencia de personal idóneo y protocolos de cuidado que ignoran los estándares internacionales. La desidia prolongada durante años es el núcleo del problema; lo que hoy se investiga es la consecuencia inevitable de una negligencia sistemática. La Senniaf fue concebida para salvaguardar derechos, no para gestionarlos bajo precariedad. Su autonomía no debe confundirse con un blindaje contra la rendición de cuentas. En este escenario, la aclaración de los hechos no es una concesión política, sino un imperativo legal y ético de carácter urgente. La protección del interés superior del menor no se proclama; se demuestra mediante investigaciones rigurosas, transparencia real y decisiones firmes. Panamá le adeuda a su niñez una respuesta definitiva: justicia sin dilaciones ni retórica.