Los puertos para los panameños

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato entre PPC y el Estado panameño, evidencia problemas profundos que acompañaron desde un inicio la concesión de dos puertos neurales para el país: Cristóbal y Balboa. Los magistrados señalan que se vulneró la Constitución al ubicar a la empresa por encima del Estado, violar los principios de igualdad y otorgar prórrogas de manera mecánica, en detrimento de los intereses estatales. Desde 1997 hubo críticas sobre la forma y el fondo de las concesiones entregadas, que, bajo el espíritu de los tratados del Canal, debieron pasar a manos panameñas para su administración y no ser otorgadas a concesiones extranjeras. La decisión llega en un momento de fuerte presión de China y Estados Unidos, que se disputan con voracidad el control de los puertos panameños en medio de su guerra por el dominio de los mercados y del mundo. Panamá no puede ceder ni caer en chantajes de nadie; no hay espacio para traiciones ni negociados en favor de intereses mezquinos. Este momento histórico abre una oportunidad para que Panamá, así como lo ha hecho de manera exitosa con la administración del Canal, gestione sus puertos de forma pública y eficiente. Nuestro país ha demostrado liderazgo, capacidad y desarrollo humano suficientes para que esas terminales pasen a ser manejadas como empresas 100 % públicas, tomando como referente a la Autoridad del Canal. Todos los grandes puertos de nuestro país no son simples fuentes de ingresos o espacios de negocios; son bienes esenciales para la economía y de máxima prioridad para la seguridad nacional. Más que nunca, no pueden estar en manos extranjeras, que podrían verse sometidas a los vaivenes de la geopolítica. Es el momento de pensar en el futuro de la nación y de defender los intereses nacionales con beneficios reales para la población. Los puertos para los panameños.