Maternidad forzada

La escena es de una crueldad absoluta: en el Hogar María Guadalupe, las risas de los recreos se ven interrumpidas por el llanto de un lactante. No es un juego de roles; es la crisis de embarazo infantil en Panamá manifestada en su forma más cruda. Aquí, niñas de apenas 13 años —y en casos atroces, de 8— han sido despojadas de su infancia para cargar con una maternidad forzada que el cuerpo no pide y la mente no comprende. Con 21 casos diarios, Panamá supera el promedio regional de embarazo adolescente, una cifra que evidencia el fracaso de las redes de protección nacional. Detrás de cada vientre abultado en una menor de 14 años no hay un “error”, hay un delito sexual. El agresor suele estar en casa: el tío, el padrastro o el abuelo. Mientras la gestión pública se pierde en burocracias sobre el aborto legal por violación, miles de niñas son condenadas a un ciclo perpetuo de pobreza y trauma. Un país que aspira al desarrollo económico no puede permitir que la desigualdad social y la falta de educación sexual integral sigan siendo los grilletes de la niñez. La defensa de los derechos humanos y la integridad de la mujer exigen una política social coherente, justicia expedita contra los depredadores y un compromiso institucional que trascienda los discursos. El silencio es complicidad.