Matrimonio infantil

La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de convertir el 27 de noviembre en el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado. La resolución, adoptada por unanimidad, coloca de nuevo ante el mundo una realidad que durante demasiado tiempo ha encontrado refugio en una palabra indulgente: tradición. No lo es. Casar o entregar a una niña a una unión temprana significa comprometer su educación, su autonomía, su salud y, demasiadas veces, su integridad. Ninguna costumbre puede servir de coartada para una vulneración de derechos. La dimensión del problema desmonta cualquier intento de minimizarlo. UNICEF estima que 650 millones de niñas y mujeres vivas hoy se casaron o entraron en unión antes de cumplir 18 años. En Panamá, más de 373.000 niñas y mujeres han vivido esa situación y, entre las mujeres de 20 a 24 años, la prevalencia alcanza el 26%. Panamá abolió las excepciones que permitían el matrimonio antes de los 18 años. Pero la ley, por sí sola, no alcanza a las uniones informales que persisten fuera del registro y dentro de comunidades donde el silencio termina protegiendo al adulto, no a la niña. La nueva fecha internacional sirve para poner nombre y calendario a una deuda pendiente. Ahora corresponde algo menos ceremonial: prevención, educación, protección social, datos actualizados y vigilancia institucional. El matrimonio infantil no desaparece porque se prohíba sobre el papel. Desaparece cuando una sociedad deja de justificarlo y decide que la infancia no se negocia ni admite excepciones cómodas.