Mina en Panamá: la hora de la certeza y la confianza

La mina nunca salió de la agenda nacional. Lo que cambia ahora es la ruta que se plantea. El Gobierno tiene sobre la mesa 17 recomendaciones para negociar con First Quantum una eventual puesta en marcha que financie el cierre, “sin costo para el Estado y sin prórroga”, según ha planteado el propio Ejecutivo. No hay, sin embargo, una fecha de cierre ni un plazo definitivo. El informe habla de un proceso que puede extenderse durante décadas. Ese vacío importa. También importa quién está al otro lado de la mesa. La empresa no parte de cero: parte de la poca confianza. Nuestra encuesta VEA Panamá, la verdad en cifras mostró en julio que el 67,8% rechaza reabrir la mina incluso bajo mejores términos para el país. No son cifras marginales: retratan una desconfianza ciudadana que sigue instalada. Si Panamá decide incorporar la minería a su modelo de desarrollo, tendrá que hacerlo sobre la base de consensos amplios, controles rigurosos y una transparencia que no admita excepciones. La experiencia de 2023 dejó demasiado claro el costo de hacer lo contrario. La Corte encontró vulneraciones a 25 artículos de la Constitución y colocó la vida, la salud y el ambiente por encima de los derechos económicos, incluida la inversión. Todos queremos empleo, crecimiento y una economía que vuelva a ganar velocidad. Pero no a cualquier precio ni mediante otro cheque en blanco. Ahora corresponde decidir. Y decidir significa decirlo todo: qué se negocia, bajo qué reglas, cuánto tiempo operaría la mina, cómo se financiará su cierre, cuánto recibirá el Estado y quién vigilará cada obligación. La confianza, esta vez, tendrá que construirse antes de la firma.