Nueva estrategia de puertos

El reciente fallo de la Corte Suprema sobre el contrato de PPC no es un episodio aislado: es una señal de que el país está ante una encrucijada histórica sobre cómo administrar uno de sus activos más sensibles. No se trata solo de infraestructura ni de contratos, sino de soberanía, visión de Estado y futuro. Panamá ya cometió un error similar. En 1997, a las puertas del fin del enclave colonial, el país optó por concesionar sin construir antes una política portuaria integral. Se privilegió la lógica comercial inmediata y se dejó de lado una planificación estratégica de largo plazo. Hoy vemos las consecuencias de aquella ausencia de rumbo. Las terminales portuarias —igual que las aéreas— son engranajes de la seguridad nacional. Deben generar riqueza, sí, pero bajo una lógica pública, vinculadas al Canal y al desarrollo del país, no subordinadas a intereses particulares. Eso exige una estrategia nacional clara: reglas sobre concesiones, perfiles empresariales, inversión, neutralidad y articulación con la economía. Limitar la concentración de puertos puede ser un avance, pero no reemplaza una visión de Estado. Panamá necesita pensar sus puertos con horizonte de medio siglo, en un mundo cada vez más incierto. Este momento obliga a dejar de improvisar y a inaugurar, por fin, una verdadera política portuaria al servicio del desarrollo nacional.