Ojo al Legislativo

La encuesta Vea Panamá de La Estrella de Panamá deja un dato claro: la Asamblea Nacional mantiene un alto nivel de desaprobación. El 68,4% de los consultados califica su gestión como mala o muy mala. Es una cifra que no puede pasarse por alto y que refleja una percepción extendida en la ciudadanía. En 2024, el país expresó con fuerza un deseo de renovación. La ciudadanía votó por cambios, por nuevas formas de hacer política, por rostros distintos. Y, en buena medida, llegaron. Hoy la Asamblea está integrada mayoritariamente por actores nuevos, algunos con genuina intención de servir. Sin embargo, lo que la encuesta revela es incómodo: aunque cambien los nombres, persisten prácticas que el país creía superadas. En una democracia, el Legislativo cumple funciones esenciales. Es donde se debaten y aprueban leyes, se fiscaliza al Ejecutivo y se canalizan las necesidades de la población. Por eso, cuando la valoración ciudadana es tan baja, el mensaje va más allá de las individualidades: apunta a la institución y a su capacidad real de responder a las expectativas del país. La encuesta también deja ver un sentimiento repetido en la conversación pública: la impresión de que la Asamblea se enreda en disputas internas, cuotas, negociaciones opacas o agendas que no conectan con lo urgente. Esa desconexión abre una brecha peligrosa entre representantes y representados. Hay, además, un elemento que no debe ignorarse: la falta de experiencia de algunos diputados puede terminar favoreciendo los mismos vicios de siempre. La buena intención no basta si no se traduce en criterio, independencia y preparación para legislar y fiscalizar. El reto, entonces, es concreto. Recuperar confianza no se logra con declaraciones ni discursos de estreno. Se logra con transparencia, rendición de cuentas, debate de calidad y resultados visibles. Con una agenda legislativa enfocada en lo importante, y con reglas claras que reduzcan privilegios y conflictos de interés. Las cifras no son un veredicto final, pero sí una advertencia. Si la Asamblea entiende el mandato de renovación de 2024, debe demostrarlo con hechos: dejando atrás las viejas prácticas, aunque ahora las ejecuten caras nuevas.