Opacidad carcelaria

La fuga masiva en La Joyita desnudó el sistema penitenciario panameño. Ahora, bajo la lupa en medio de lo que parecen improvisaciones, ausencia de respuestas claras del Gobierno y falta de transparencia. Las cifras son difusas, las versiones incompletas y las condiciones dentro del penal apenas se conocen a través de denuncias de familiares que hablan de falta de agua, alimentos y medicamentos, así como de un deterioro progresivo de la dignidad humana dentro del centro penitenciario. A esto se suma la investigación de oficio por la muerte de tres privados de libertad, otro síntoma de un sistema que se descompone sin control ni rendición de cuentas. Indistintamente de que se trate de personas condenadas o en proceso, todas siguen siendo sujetos de derechos fundamentales. Panamá se presenta ante el mundo como un Estado de derecho, de allí que las garantías básicas no pueden suspenderse dentro de los muros de una cárcel. Pretender que la mano dura resolverá una crisis estructural repite el mismo error de administraciones anteriores y tampoco lo harán las demostraciones de fuerza y el show mediático al “estilo Bukele”, si no están acompañadas de un plan serio de reestructuración penitenciaria, con controles, transparencia y políticas sostenidas. Llama la atención, además, la pasividad de la Defensoría del Pueblo, que aún no ha logrado hacer la inspección debida en el penal para verificar directamente las condiciones denunciadas. Esa demora debilita la confianza pública y deja sin vigilancia efectiva un espacio crítico del modelo carcelario. El sistema penitenciario ha tocado fondo, otra vez. Y este punto no admite más excusas de las autoridades; es hora de actuar con seriedad, transparencia y responsabilidad institucional.