Opacidad, debilidad institucional

La reciente detención de funcionarios y exfuncionarios vinculados a presunto peculado en la Junta Comunal de Belisario Porras, y otras ocurridas en los últimos meses en otras juntas comunales y municipios, aparecen ya como la norma y no la excepción en los últimos años, poniendo sobre la mesa un tema recurrente en la administración pública: la opacidad con la que se administran las instituciones estatales. Pero el problema no se limita a las juntas comunales. La falta de transparencia también persiste en distintas entidades del gobierno central y alcanza a la Asamblea Nacional, donde la ciudadanía sigue enfrentando barreras para conocer cómo se toman decisiones, el tamaño de las planillas y los términos de las contrataciones, para saber quién trabaja y quién no. Esa cultura del secretismo erosiona la confianza y debilita la institucionalidad democrática. Panamá no carece de leyes. Existen normas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. El verdadero problema es que muchas veces no se cumplen o se aplican de forma selectiva. Gobernar de espaldas a la ciudadanía es un error que termina alimentando el desencanto y la percepción de impunidad.Vivimos tiempos de austeridad y, cuando se exige sacrificio a la población, el deber del Estado es aún mayor. No basta con administrar recursos; hay que explicar cómo se gestionan, quiénes responden por ellos y cuáles son los resultados. La transparencia no puede seguir siendo un discurso que termina cuando el candidato resulta electo o el político está en oposición. Debe convertirse en una práctica permanente si se quiere recuperar la credibilidad pública y fortalecer la democracia.