Policía municipal, cámaras y duda constitucional
- 19/11/2026 00:00
La decisión de la Alcaldía de Panamá de evaluar la contratación de cámaras corporales para la Policía Municipal resulta, cuando menos, desafortunada. No porque la fiscalización de los agentes sea innecesaria, sino porque se pretende fortalecer tecnológicamente una estructura cuya propia legalidad todavía está bajo examen de la Corte Suprema. La demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo que organiza esta dirección municipal no es un asunto menor. Está en juego la posibilidad de abrir un peligroso camino hacia la existencia de dos cuerpos policiales paralelos, con competencias que podrían entrar en conflicto y que ya han provocado reclamos legales de la Policía Nacional por una eventual usurpación de funciones. Tampoco puede ignorarse el antecedente de la agresión a un exfuncionario municipal, quien terminó hospitalizado en estado grave tras un incidente con agentes de esta dependencia. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía sobre la preparación, los protocolos y la actuación de una entidad que todavía despierta tantas interrogantes? ¿Y quién garantiza que estas cámaras no terminen reforzando un cuerpo policial cada vez más militarizado? Mientras tanto, la capital acumula problemas urgentes: vialidad, falta de espacios públicos, desorden territorial y servicios municipales burocráticos. Después de dos años de administración, los ciudadanos necesitan resultados concretos, no iniciativas que parecen privilegiar las proyecciones personales del alcalde sobre las necesidades cotidianas. La seguridad no se construye improvisando estructuras ni comprando tecnología para mercadear su gestión. Se construye con instituciones legítimas, controles efectivos y respeto a la Constitución. Panamá necesita soluciones reales, no experimentos policiales convertidos en banderas políticas.