Política carcelaria urgente

La violencia en los centros penitenciarios de Panamá ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno que evidencia el fracaso de un sistema carcelario que no funciona. El reconocimiento oficial del control del crimen organizado dentro de las prisiones confirma lo que por años se ha denunciado: el Estado está perdiendo el control de las cárceles, donde las lógicas criminales se han fortalecido. El hacinamiento, la corrupción y la falta de una política penitenciaria coherente han convertido estos recintos en espacios donde la rehabilitación es casi inexistente y donde el delito se reproduce y se perfecciona. Armas, drogas y comunicaciones ilegales circulan con una facilidad inexplicable, pese a los operativos y decomisos constantes. La pregunta sigue sin respuesta: ¿cómo es posible que entren armas a instalaciones supuestamente bajo máxima seguridad? No se trata de replicar modelos autoritarios como los que ocurren en los regímenes de El Salvador o Nicaragua, ni tampoco de justificar el abuso del poder carcelario. Pero tampoco puede aceptarse un sistema laxo donde el crimen organizado impone reglas, controla pabellones y extiende su influencia hacia las calles. El país necesita una depuración profunda del sistema penitenciario, que incluya control efectivo, transparencia y la ruptura de redes de corrupción interna. A la par, urge una política de seguridad integral que no se limite a la represión, sino que también ataque las causas sociales del delito y fortalezca la prevención. Que Panamá deba invertir más en cárceles que en hospitales es una pésima señal del rumbo del país. Ya no hay margen para excusas. La acción debe ser inmediata, firme y sostenida.