Reforma educativa

Panamá no tiene un problema educativo: tiene una emergencia nacional prolongada. Y lo más grave no es que los resultados sean malos —eso ya lo sabemos— sino que el país se acostumbró a esa derrota como si fuera parte del paisaje. Durante décadas, la educación pública ha sido el lugar donde se administra la desigualdad y se fabrica el atraso, mientras la privada funciona como atajo hacia el futuro. No es una brecha: es una frontera. Los coletazos de la pandemia terminaron de desnudar el sistema: aulas sin herramientas, estudiantes desconectados, rezagos que aún no se han medido con honestidad. Hoy, miles de niños leen sin comprender y avanzan sin dominar lo básico. Se gradúan, sí, pero cargando una deuda que luego se paga con frustración, desempleo y exclusión. Y en un país donde la conectividad define oportunidades, la falta de acceso a tecnología es una condena silenciosa. Por eso el anuncio del presidente José Raúl Mulino de abrir en febrero un debate nacional para una nueva ley educativa no puede quedarse en la coreografía del consenso. Panamá no necesita otra ronda de diagnósticos: necesita una reforma que cambie el aula y se note en los resultados. Que el Ejecutivo se involucre es relevante. Pero el país no está para simulaciones. La educación pública no puede seguir siendo el lugar donde se resigna el futuro. Esta reforma tiene que ser el punto de quiebre: con metas, presupuesto, formación docente, rendición de cuentas y resultados. Todo lo demás será ruido.