Reglamento interno

La Asamblea Nacional de Panamá se asoma a una encrucijada moral que definirá su legitimidad. Tras años de estancamiento, la aprobación en primer debate de las reformas a su Reglamento Interno bajo la gestión de Jorge Herrera marca un hito, pero también despierta suspicacias. ¿Estamos ante una transformación profunda o ante un ejercicio de gatopardismo diseñado para calmar la indignación ciudadana? El deber ser del Órgano Legislativo es erigirse como el santuario de la transparencia y el contrapeso del poder. La introducción de descuentos salariales por inasistencia y la fijación de horarios no son medidas revolucionarias; son el estándar mínimo de ética laboral que el país exige. Sin embargo, la verdadera batalla por la integridad se libra en la opacidad de las planillas abultadas y el oneroso pago a suplentes pese a un fallo de la Corte. Una reforma que no diseccione estos “hoyos negros” financieros es solo un maquillaje para ocultar el clientelismo. En estos días decisivos, el papel de la presidencia de la Asamblea es vital. Si el impulso de estos cambios responde a un compromiso genuino con la fiscalización, la institución podría recuperar su dignidad. Cada dólar malgastado en privilegios es un recurso arrebatado a los sectores más vulnerables y a la seguridad jurídica de la nación. Panamá no demanda parches, sino una cirugía ética. Una Asamblea que teme a la luz debilita la democracia. La transparencia no es una concesión política; es el único camino para restaurar el honor del primer órgano del Estado.