Regulación de plataformas en Panamá

Ayer este diario editorializó sobre la urgencia de modernizar el transporte, y hoy volvemos a la carga porque lo que está en juego con el Decreto Ejecutivo No. 10 no es un mal menor. Es un choque frontal entre la innovación digital y un anacronismo legal que amenaza con asfixiar la libertad de mercado en Panamá, dejando al ciudadano en total desprotección. Resulta un contrasentido histórico pretender regular plataformas como Uber e inDrive bajo la sombra de una ley de 1993. Es inadmisible que una normativa redactada antes de la llegada masiva de internet a Panamá pretenda regir algoritmos y servicios de alta tecnología. Lo que es nativamente digital no puede ser sometido a camisas de fuerza diseñadas para una realidad analógica que ya no existe.En esta disputa, el consumidor panameño debe ser el centro de la discusión. El usuario, que ha encontrado en las plataformas la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia que el sistema tradicional le negó por décadas, no puede ser el sacrificado para satisfacer presiones gremiales. La intervención del Estado en la fijación de tarifas es un retroceso que golpea directamente el bolsillo de los más vulnerables y distorsiona la libre competencia. Ante la reunión convocada por el presidente Mulino, se hace necesaria una evaluación a profundidad que trascienda el parche reglamentario. No se trata de ajustes cosméticos, sino de una reforma de fondo. Panamá no puede permitir que, por proteger intereses del pasado, se sacrifique el derecho del ciudadano a un transporte digno y moderno. Gobernar requiere valentía para abrazar la economía digital.