Rendir cuentas

La rendición de cuentas constituye un pilar de la democracia. Que las instituciones del Estado tengan que ser llamadas a cumplir revela cuánto camino falta por recorrer en materia de transparencia. El mandato es claro: cada institución pública debe entregar informes mensuales sobre el manejo de fondos y bienes estatales, verificados con rigor por sus direcciones de auditoría interna. La directiva alcanza a todos los niveles de poder —desde ministros y magistrados hasta directores de empresas públicas—, sin excepción. No se trata de una formalidad, sino de un ejercicio indispensable para garantizar que cada balboa recaudado y administrado en nombre del Estado esté debidamente sustentado. La transparencia no es negociable: es un deber legal, pero también un compromiso ético con la ciudadanía. En un país golpeado por escándalos de corrupción y manejos dudosos de recursos públicos, no basta con discursos de buenas intenciones; faltan controles efectivos, consecuencias claras y una cultura institucional basada en la honestidad. Pero no solo las instituciones deben ser responsables. La Contraloría también debe estar a la altura del mensaje que proclama. Exigir informes es un paso, pero el verdadero reto es garantizar que sean revisados con rigor, que se detecten las irregularidades y que se apliquen las sanciones correspondientes. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utiliza el dinero que aporta a través de sus impuestos.