Robustecer la justicia

La iniciativa de ley presentada por el Ministerio Público (MP), que plantea permitir que sus investigaciones en casos de peculado o enriquecimiento ilícito se sustenten en auditorías y otras pruebas, sin depender de manera exclusiva de los informes de la Contraloría General de la República, abre un debate necesario sobre la importancia de fortalecer el sistema de justicia para perseguir los abusos cometidos desde el poder. Es cierto que existen precedentes preocupantes sobre el uso del MP con fines de persecución política —acusaciones que aún persisten— y son precisamente esas dudas las que hacen indispensable una discusión seria sobre las facultades y los límites de los fiscales. No se trata de otorgar “superpoderes” al procurador de la Nación, sino de brindar a la institución las herramientas necesarias para combatir la corrupción, un mal presente en todos los gobiernos posteriores a la invasión. La Asamblea Nacional debe asumir su rol y abrir espacio a un debate amplio, con altura académica y en el que estén representadas todas las visiones sobre el sistema de justicia. La institucionalidad en Panamá no se limita a los procesos electorales ni a la garantía de una vida digna; también implica el funcionamiento de un engranaje judicial que opere con igualdad para todos. En un país donde la ciudadanía acumula constantes decepciones con la justicia y donde reina la impunidad, esta puede ser la oportunidad para un verdadero golpe de timón.