San Felipe, distorsión electoral

El anuncio del Tribunal Electoral de realizar un censo en San Felipe debe ser recibido positivamente. Revisar el padrón, contrastarlo con la población residente y corregir las inconsistencias es una obligación institucional indispensable para proteger la integridad del voto. Pero también es inevitable preguntar por qué se llega tan tarde. El problema de San Felipe no apareció ayer. Las diferencias entre el padrón electoral y la población residente han sido denunciadas durante años. En 2023, incluso la Fiscalía Electoral solicitó un censo parcial y el propio Tribunal Electoral reconoció la necesidad de encontrar una solución ante un problema recurrente que persistía elección tras elección. La distorsión del padrón, además, no puede analizarse como un asunto meramente estadístico. Cuando personas que no viven en un corregimiento aparecen registradas y terminan votando allí, no solamente se comete un delito, sino que también se abre la puerta a prácticas clientelares que pueden alterar la voluntad de quienes sí residen en la comunidad. Un padrón distorsionado crea condiciones para que esas prácticas prosperen. El Tribunal llega tarde, pero todavía está a tiempo de hacer algo más que corregir San Felipe. Debe determinar si situaciones similares ocurren en otros corregimientos, especialmente en aquellos donde pocos votos pueden definir una elección. La discusión de las reformas electorales que se avecina en la Asamblea Nacional ofrece una oportunidad ineludible. Hay que cerrar los vacíos que permiten abusos, fortalecer los controles sobre la residencia electoral y garantizar que ningún candidato pueda comprar ventajas mediante estructuras clientelares. La democracia no puede quedar a merced de quienes, con dinero y mayor capacidad de movilización electoral, terminen vulnerando la voluntad popular.