Senniaf, un cambio real

La crisis de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) no es un episodio aislado ni un problema de nombres propios: es el reflejo de una falla estructural del Estado en la protección de la niñez más vulnerable. Los casos de abusos en albergues, hoy judicializados e incluso elevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidencian una cadena de negligencias, supervisión deficiente y ausencia de controles efectivos que se arrastran desde hace años. La renuncia de Ana Fábrega, anunciada tras la presión pública y política, no puede presentarse como solución ni como el fin del problema. Su salida ocurre en medio de investigaciones que buscan deslindar responsabilidades por los abusos y las irregularidades detectadas. Su relevo, Otilia Rodríguez, también está vinculada al proceso judicial en el caso. Debe respetarse en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso, pero la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas. Si quienes formaron parte del mismo engranaje administrativo continúan en posiciones de mando, el cambio corre el riesgo de ser meramente cosmético. El problema de fondo es más profundo: presupuestos insuficientes, tercerización sin fiscalización rigurosa, falta de personal especializado y protocolos débiles para garantizar el interés superior del niño. Documentos oficiales, publicados por este medio, alertaban de posibles entregas irregulares de menores a particulares, lo que expone grietas alarmantes en los sistemas de control. Panamá necesita una política integral de protección a la niñez, con auditorías independientes, fortalecimiento institucional y recursos adecuados. No basta con sustituir figuras; es indispensable transformar la estructura que permitió que el abuso se instalara donde debía existir cuidado y protección.