Transición portuaria

La logística panameña, nuestro activo más sagrado, ha entrado en una transición necesaria. El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato de Panama Ports Company (PPC) no es una opción política, sino un mandato constitucional que el Estado está obligado a ejecutar. Tras décadas de un modelo cuestionado, la publicación en Gaceta Oficial cierra un ciclo de privilegios para abrir uno de estricta legalidad en los puertos de Balboa y Cristóbal. La hoja de ruta trazada por el Gobierno, que otorga concesiones transitorias a Maersk y MSC , debe entenderse como un mecanismo de urgencia para evitar el caos operativo. Sin embargo, el éxito de este periodo no se medirá por la celeridad del relevo, sino por la transparencia con la que se convoque a la futura licitación internacional. La seguridad jurídica de un país no se garantiza perpetuando contratos viciados, sino demostrando que nadie está por encima de la Constitución. Panamá, como nodo del comercio global, no puede ceder ante presiones diplomáticas ni amenazas de arbitrajes internacionales. La soberanía sobre nuestro territorio y nuestros puertos es innegociable. Estos 18 meses de transición son la oportunidad para demostrar que el hub logístico panameño compite con reglas claras, equidad y, sobre todo, con la dignidad de una nación que ha decidido recuperar el timón de su propio destino.