Una alerta laboral

Panamá se asoma a 2026 con una cifra que pesa más que cualquier discurso: 10% de desempleo. No es un número abstracto. Son miles de familias en Bocas del Toro que vieron cerrarse, de golpe, su principal fuente de sustento; son 206 mil personas que hoy buscan trabajo en un país donde la incertidumbre se ha vuelto rutina. Sin embargo, reducir esta crisis a “lo bananero” es un error cómodo. El problema es más profundo y más antiguo. Panamá lleva años dependiendo de enclaves productivos frágiles, de decisiones concentradas y de una economía que no logra diversificar ni proteger a su fuerza laboral cuando los conflictos estallan. Cuando una empresa cierra o una actividad se paraliza, el golpe no se queda en la planilla: se expande a comercios, transporte, educación y tejido social. Señalar culpables individuales o atribuirlo todo a intereses políticos puede servir para el debate inmediato, pero no resuelve el fondo del problema. El desempleo no se corrige con relatos, ni con promesas de proyectos futuros que siempre parecen estar “por anunciarse”. Se combate con políticas públicas coherentes, con diálogo real y con una visión económica que entienda que el trabajo no puede ser rehén ni de la improvisación ni de la confrontación permanente. El llamado de los gremios empresariales a tomar decisiones impostergables no debería caer en saco roto. Panamá necesita asumir las lecciones de tiempos marcados por conflictos y desgaste institucional. Porque cuando el empleo falla, no solo se resiente la economía: se erosiona la confianza y la desigualdad se atornilla. Y así, ningún país avanza.