Una muerte que obliga a revisar las fallas

El caso de Esteban De León Osorio no es una excepción. Es el reflejo de una falla estructural histórica en el país: la lentitud institucional ante la desaparición de una persona. Su historia revela un patrón que ya no puede explicarse por errores aislados, sino por una cultura de desatención que se ha vuelto norma. Cuando un ciudadano desaparece, el Estado debería moverse de inmediato. No hay excusa técnica ni procedimiento que justifique la inacción. Sin embargo, una y otra vez, las familias son las que organizan búsquedas, recorren calles, revisan cámaras, piden ayuda en redes sociales. Mientras tanto, las instituciones discuten competencias y llenan formularios. El caso de Esteban es un síntoma de algo más profundo: la desconfianza generalizada hacia las autoridades. La gente ya no espera eficiencia ni empatía; espera el golpe de la noticia final. Vivimos en una sociedad donde la muerte joven se volvió estadística y la búsqueda, rutina. Las cifras de homicidios no bastan para entender el problema. La seguridad no depende solo de más patrullas o cámaras, sino de la convicción de que cada vida importa. Si las instituciones no reaccionan con rapidez, lo que se erosiona no es solo la justicia, sino el contrato social mismo. Hay que tener en cuenta que cada minuto perdido, cada trámite sin urgencia trae consigo consecuencias irremediables. La prevención es clave: no basta con investigar después, hay que proteger antes.