Urgente balance de poder

La reunión entre el presidente de la República y las bancadas de la Asamblea Nacional podría interpretarse como una señal de diálogo y entendimiento que merece reconocimiento. Sin embargo, ese gesto pierde fuerza cuando ocurre bajo el contexto de más de dos años de denuncias sobre injerencias, exabruptos y declaraciones que han alimentado la percepción ciudadana de que en Panamá el balance de poderes del Estado es papel mojado. Con un Legislativo donde el oficialismo mantiene el control tras la elección de Shirley Castañeda, las posibilidades de que surjan contrapesos efectivos desde la Asamblea parecen reducirse a su mínima expresión. A esto se suma la ausencia de todas las fuerzas políticas en esa reunión, un hecho que genera preocupación, especialmente cuando organizaciones sociales y cívicas también han denunciado su exclusión de las decisiones que afectan al país. El equilibrio entre los poderes del Estado es una de las bases esenciales de cualquier democracia: evita la concentración del poder, garantiza controles y protege los intereses de la ciudadanía frente a los abusos. A nuestra democracia le urgen instituciones sólidas capaces de resistir intereses particulares y acuerdos politiqueros que debiliten los controles. Esta necesidad es mayor ante una coyuntura económica y social difícil para la gente, al tiempo que se avecinan discusiones polémicas como la apertura de la mina, el bioetanol y el proyecto de Río Indio. El poder emana del pueblo, como establece la Constitución, y quienes ejercen cargos públicos responden ante él. Sin contrapesos reales frente a la concentración del poder, la ciudadanía queda con menos herramientas para exigir rendición de cuentas. Panamá aún está a tiempo de evitar que los “grandes acuerdos políticos” se conviertan en una puerta abierta a prácticas autoritarias.