Violencia criminal

La violencia ligada al narcotráfico no nació en Panamá ni fue creada por este gobierno. Se trata de un fenómeno complejo que se nutre de las estructuras criminales internacionales y de su capacidad corrosiva para corromper la sociedad, por lo que es difícil de combatir. Sin embargo, eso no puede ser una excusa para justificar el alza de la violencia. Cuando las balas de las pandillas llegan a las calles, comercios y hogares de ciudadanos inocentes, no hay excusas: la responsabilidad del gobierno de enfrentar esta situación es directa. Lo ocurrido este martes en El Dorado es una advertencia alarmante de cómo la violencia criminal está penetrando espacios donde la ciudadanía debería sentirse segura. Sugerir que el narcotráfico es una suerte de “fuerza inevitable”, casi “imposible” de contener, constituye no solo un error estratégico, sino también una renuncia peligrosa a la obligación básica del Estado: garantizar seguridad y tranquilidad a la población. La respuesta no puede limitarse a más patrullas y discursos de “mano dura”. La Policía cumple una función indispensable, pero insuficiente si no existe una estrategia integral que ataque las raíces del problema, junto con el Órgano Judicial y las instituciones sociales. ¿Qué políticas impulsa el gobierno para reducir la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que permiten al crimen organizado reclutar jóvenes? ¿Qué acciones concretas se están tomando para recuperar cárceles convertidas en centros de operación criminal? Es evidente que la inseguridad no terminará únicamente con represión; urge la prevención, fortalecer la inteligencia policial y aplicar políticas sociales efectivas. Y si las autoridades en temas de seguridad no están dando resultados, el presidente debe hacer cambios antes de que la situación se vuelva todavía más insostenible.