Vivienda con letra pequeña

Durante años se ha repetido la misma escena: familias que firman ilusionadas, entregan ahorros de toda una vida y, meses después, descubren que en el papel había trampas. El sector inmobiliario panameño ha empujado la economía, sí, pero también ha empujado a miles de consumidores hacia la frustración. Acodeco recibió 3,178 quejas formales entre 2020 y 2025, por un monto reclamado que supera $197.3 millones. No es un ruido estadístico: es un patrón. El dato más inquietante no son solo los vicios ocultos o los retrasos, sino la arquitectura del abuso. 876 reclamos por cláusulas abusivas concentran $118.2 millones, más del 60 % del total. Eso revela que el problema está en cómo se redacta el contrato: letras pequeñas, penalidades desproporcionadas, derechos limitados para el comprador y blindajes para el vendedor. El hogar soñado se vuelve un laberinto jurídico. A esto se suman 672 quejas por devoluciones que no llegan, tras desistimientos, cancelaciones o incumplimientos. El consumidor queda atrapado, pagando por el error ajeno. Panamá no puede normalizar que comprar vivienda sea un acto de fe. Si el mercado quiere confianza, debe ofrecer reglas justas. Y el Estado, más que recibir quejas, debe prevenir abusos. Una casa no es mercancía cualquiera: es futuro.